Según las últimas cifras oficiales presentadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, el 10% de la población son extranjeros. De los 45,2 millones de personas empadronadas en España, 4,5 millones son extranjeros, después de que en 2007 el número de españoles creció un 0,2% y el de inmigrantes un 9%.
Por nacionalidades, los marroquíes siguen siendo los más numerosos, con 582.923 personas (12,9% del total de extranjeros en España), mientras que los ciudadanos de Ecuador (427.099) fueron desbancados del segundo puesto por los de Rumania (527.019) tras el ingreso de este país en la Unión Europea (UE).
Luego, los latinoamericanos siguen con los colombianos, que registran 261.542 empadronados.

Si bien España es uno de los tres mejores países de la Unión Europea en cuanto a garantías y derechos laborales para los inmigrantes y extranjeros, (luego de Suecia y Portugal) lo cierto es que también ocupa uno de los peores puestos en la lucha contra la discriminación y respeto a los derechos para la obtención de la nacionalidad.
Este es uno de los motivos por los cuales una decena de asociaciones radicadas en España han constituido la Asamblea Permanente en Defensa de los Derechos Humanos, Civiles y Sociales, como un mecanismo en favor de la población inmigrante, con el que dar una "respuesta reivindicativa" a las medidas contrarias a los intereses de este grupo.

Según informa la agencia EFE, esta iniciativa bebe de los principios de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI), que reivindica, entre otras medidas, un nuevo proceso de regularización de extranjeros, una amnistía para aquellos con órdenes de expulsión y el fin de la represión policial.

Al igual que la red estatal, que está formada por unas 150 asociaciones de toda España, la asamblea servirá para hacer llegar a los inmigrantes las preocupaciones de las asociaciones cívicas, pero con un ámbito de actuación preferente en la comunidad de Madrid.

Más de un millón de extranjeros viven y trabajan en España en una situación de "zozobra y dificultad permanente", hecho que se ve agravado por la intención de las autoridades y legisladores de anteponer las consideraciones de tipo legal y administrativo a las humanas.

La Asamblea Permanente en Defensa de los Derechos Humanos, Civiles y Sociales pretende convertirse en una nueva herramienta para la protección de los inmigrantes que residen en España.
 
La iniciativa no sólo aspira a buscar el apoyo del colectivo, sino también el de la sociedad española. De ésta forma, aseguran, será posible el reconocimiento de sus derechos de forma completa.
 
Entre sus exigencias se encuentran cuestiones tan importantes como la petición de un nuevo proceso de regularización, la derogación del protocolo de expulsión, la revisión de la Ley de Extranjería, la posibilidad del derecho a voto o el fin de la xenofobia.
 
Esteban Cancelado, miembro de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) y portavoz de la Asamblea, explica que sus objetivos son concretos y se concentran en la precariedad en que viven muchos inmigrantes al ser tratados bajo parámetros legales y administrativos que distan mucho de la realidad humana de este colectivo.
 
"Lo que nosotros consideramos más importante y solicitamos es la regularización inmediata de todas las personas migrantes con garantías de residencia y vida en familia. Eso implica no solamente la regularización, sino que se permitan unas condiciones dignas para la reagrupación de la familia", insiste el vicepresidente de FERINE, "Otro punto importante de nuestras reivindicaciones es el cese de la represión que sufre la población inmigrante y garantías frente al abuso policial y la discriminación xenófoba. En definitiva, la igualdad plena de derechos para todos".
 
Por este motivo, uno de los grandes retos de la Asamblea es tratar de llegar al mayor número de inmigrantes y despertar la conciencia y la solidaridad de la sociedad española y de los diferentes colectivos que forman parte de ella. En definitiva, una campaña de sensibilización y movilización para el reconocimiento de sus derechos.
 
La Asamblea Permanente en Defensa de los Derechos Humanos, Civiles y Sociales prevé que, a partir de ahora, muchas más voces se sumen a su iniciativa.